Todavía recuerdo una frase que escuché en 2002, apenas se había reformado la Ley de Concursos y Quiebras.

En una jornada académica, pregunté a un grupo de reconocidos especialistas qué pensaban sobre el entonces nuevo artículo 190, que permitía a los trabajadores continuar la explotación de una empresa quebrada mediante una cooperativa de trabajo.

La respuesta fue contundente.

«Es un artículo de imposible aplicación.»

Casi 27 años después puedo decir que la realidad fue mucho más poderosa que cualquier pronóstico.

A lo largo de estas décadas tuve el privilegio de acompañar numerosos procesos de recuperación de empresas. En todos encontré el mismo denominador común: trabajadores que no querían subsidios ni soluciones transitorias. Querían seguir trabajando.

Uno de los casos que más me marcó fue el de la Jabonera de Cañada Rosquín.

Cuando sus propietarios abandonaron la fábrica en 2006, dejaron detrás de sí a 83 familias sin respuestas. Los trabajadores permanecieron en la planta, organizaron guardias, enfrentaron un complejo proceso judicial y decidieron constituir una cooperativa para defender su fuente de trabajo.

Recuerdo perfectamente la primera reunión.

Había angustia, incertidumbre y mucha bronca. La discusión era intensa. En un momento alguien incluso arrojó una silla. Tuve que subirme a un banco para pedir silencio y explicar que, aunque el camino jurídico sería largo, existía una alternativa posible.

Ese fue apenas el comienzo.

Durante los años siguientes construimos una estrategia legal que permitió compatibilizar acreencias laborales, derechos de los acreedores y continuidad de la explotación hasta que finalmente la cooperativa pudo adquirir los bienes de la empresa. Fue un proceso largo, pero demostró que el derecho puede convertirse en una herramienta para preservar el trabajo cuando está al servicio de las personas.

Desde entonces el marco normativo argentino evolucionó significativamente. La reforma de 2011 fortaleció aún más el rol de las cooperativas de trabajo dentro de los procesos concursales y falenciales, reconociendo la continuidad de la empresa como un valor económico y social.

Pero hay algo que aprendí acompañando estos procesos.

Recuperar una empresa no consiste solamente en resolver un expediente judicial.

Después llegan desafíos igual o más complejos: reorganizar la producción, construir liderazgos, ordenar la administración, fortalecer la institucionalidad, acceder a financiamiento, desarrollar estrategias comerciales y recuperar mercados.

Por eso, desde Estudio Macellari siempre entendimos que el asesoramiento debía ser interdisciplinario. El derecho es el punto de partida, pero la sostenibilidad depende también de una buena gestión contable, institucional, financiera y comunicacional.

Hoy las recuperaciones de empresas siguen plenamente vigentes. Incluso diría que evolucionaron.

Ya no hablamos únicamente de empresas quebradas. Cada vez acompañamos más procesos de reconversión, donde empleadores y trabajadores encuentran acuerdos para preservar la actividad antes de llegar al cierre definitivo.

Esa quizá sea la mayor evolución del sistema.

Transformar un conflicto en una oportunidad antes de que sea demasiado tarde.

Porque cuando una empresa logra seguir produciendo, no solamente se preservan puestos de trabajo.

Se conserva conocimiento, historia, identidad productiva y desarrollo para toda una comunidad.

Fragmento del libro El Trabajo Cooperativo, Cómo Asociarse y crecer bajo el Paraguas del Derecho Laboral (Autora: Dra. Marcela Macellari).