Las cooperativas en Argentina, todas, están reguladas por la ley 20.337, del año 1973. Época ésta en la que el cooperativismo de trabajo no existía casi.
Comienza a desarrollarse el trabajo asociado en la primer gran crisis laboral Argentina del año 2000. Allí comienzan a quebrar empresas y se da la primera reforma legal en favor del trabajador, pero dentro de la Ley de Quiebras.
En la desesperanza de la pérdida de empleo y derechos, ocupaban fábricas, resistían desalojos y comenzaban a producir bajo la forma insipiente de grupos pre-cooperativos.
Los legisladores argentinos, en especial el diputado nacional Héctor Teodoro Polino, presentaron un proyecto de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522) y entre los tantos artículos propuestos para reformar se introduce uno nuevo a la ley.
El artículo 190 introduce la esperanza y formaliza la situación fáctica de los trabajadores que venían abriendo las fábricas cerradas mediante la forma de cooperativas de trabajo.
Esta modificación da legalidad a los trabajadores que, formando una cooperativa de trabajo, podían continuar trabajando en la empresa fallida hasta su liquidación. El desempleo comenzó a tener aquí una luz de esperanza para convertirse en un trabajo decente.
A partir de allí se puede visualizar el apoyo del estado en diversas normativas sin rango de ley pero que, se podría afirmar, conformaron una política pública para las cooperativas de trabajo e intentan establecer un desarrollo sostenible en el tiempo.
Desde esa fecha, que es donde se impulsa y aprueba la segunda gran reforma de la Ley de Concursos y Quiebras, ya en este momento sostenida por una vasta jurisprudencia y casos de la realidad, se logra proteger a la continuidad laboral de los trabajadores cuando las empresas llegaban a la quiebra.
Se brindan también herramientas jurídicas para que, llegado el momento de la liquidación, la misma cooperativa de trabajo pueda comprar los activos de la empresa por compensación de sus acreencias laborales.
Así, hoy tenemos un universo de más de 400 empresas recuperadas por sus trabajadores bajo forma cooperativa, una verdadera conversión que no configura una opción, sino que es la única salida posible, pero es una solución al fin para seguir trabajando.
Otras provincias argentinas comenzaron a sancionar leyes locales:
Mendoza, con la Ley 8424/12, legisló sobre economía social con un criterio más amplio en el amparo de trabajadores.
Río Negro sancionó la ley 4.863 del año 2013 sobre empresas recuperadas.
Santa Fe avanzó con la ley 13.710 de Empresas Recuperadas, aprobada el 30 de noviembre de 2018 y reglamentada el 25 de noviembre de 2019 mediante el decreto 3758.
Estos avances legales hicieron posible convertir el desempleo en empleo digno con desarrollo sostenible mediante la formación de cooperativas de trabajo.
